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En su mayoría, los científicos opinan que los alimentos modificados genéticamente son seguros pero, aún así, la opinión pública no se ha quedado tranquila.
El debate sobre los cultivos modificados genéticamente se ha estancado en los últimos años. No hemos progresado en la línea de resolver temas como las agresiones al medio ambiente, la salubridad de los alimentos, la mundialización y los aciertos o las equivocaciones de nuestras actuaciones en la naturaleza.
Con demasiada frecuencia, las afirmaciones temerarias y las tergiversaciones respecto de hechos contrastados han tenido prioridad sobre el debate reflexivo. Todas las instancias interesadas deberían asumir la cuota de responsabilidad que les corresponde.
Podría señalarse acusadoramente a aquellos científicos que han mostrado un cierto desdén o hasta desprecio por las preocupaciones de la opinión pública, o a los grupos de presión y a los medios de comunicación que han manipulado estos temas en función de sus propios fines.
Entretanto, el sector y los gobiernos no fueron capaces de identificar con la suficiente antelación hasta qué punto intranquilizaba a la opinión pública la modificación genética y no fueron capaces de dar una respuesta de manera eficaz o rápida.
A la vista de todo esto, he propuesto la constitución de un grupo internacional de expertos que vayan más allá de los dogmas y la confusión que están ensombreciendo el debate sobre los cultivos y los alimentos modificados genéticamente.
La idea cristalizó a primeros de este año en la conferencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre la salubridad de los alimentos modificados genéticamente, celebrada en Edimburgo (Escocia), que tuve la oportunidad de presidir. La semana pasada, los dirigentes de las grandes naciones industrializadas del mundo, el G8, la debatieron en su reunión de Okinawa, en Japón.
Hubo ciertas diferencias entre los EEUU, que querían que dicha idea se mantuviera estrictamente en el área científica, y los franceses y alemanes, que querían que reflejara otras preocupaciones de carácter social. Han acordado volver sobre ello más adelante.
¿Será un grupo internacional de científicos capaz de hacer por el debate acerca de la modificación genética lo que el grupo intergubernamental sobre el cambio climático (GICC) hace por el debate sobre el calentamiento del mundo?
La modificación genética avanza muy deprisa y existe la necesidad urgente de reforzar la política con argumentos racionales y con una correcta valoración de sus implicaciones. El grupo de expertos se dedicaría a ello.
Tendría dos objetivos: en primer lugar, ofrecer a los gobiernos y a la opinión pública la mejor valoración posible, independiente y con carácter científico, del estado actual de los conocimientos sobre las incertidumbres y los riesgos de los cultivos modificados genéticamente; en segundo lugar, llevar al ámbito científico a un debate más amplio sobre las implicaciones de la modificación genética.
Para que culmine su tarea con éxito, el grupo de expertos tendrá que granjearse respeto y confianza a escala internacional. Tendrá que gozar de autoridad científica, pero deberá también representar la diversidad de opiniones científicas existentes, de la misma manera que lo hace el GICC.
De todos los debates científicos puede afirmarse con certeza que coexisten una corriente principal de opinión y, en sus extremos, una serie de disidentes. Esa es la esencia de la ciencia y constituye una parte fundamental de su naturaleza dinámica y progresiva.
Para ser eficaz, el grupo de expertos debería ser reducido -quizás de 20 miembros-, aunque debería disponer de una amplia red de consultores para abarcar la más completa gama de puntos de vista.
El grupo habrá de incluir asimismo expertos de todas las procedencias geográficas. No deberá limitarse a contar con un pequeño número de científicos de los EEUU encargados de dar a conocer a los gobiernos del resto del mundo sus evaluaciones sobre los riesgos de la modificación genética.
Los países en vías de desarrollo deberán participar en él de manera plena, e incluso dirigirlo allí donde sea apropiado, como lo hicieron en Edimburgo. Las evaluaciones del grupo de expertos deberían utilizarse para reforzar tanto las políticas nacionales como los acuerdos internacionales, exactamente igual que en el caso del GICC.
Por último, el grupo de expertos debería abarcar toda la escala de preocupaciones que suscitan los cultivos modificados genéticamente.
El propio grupo de expertos debería quedar bajo la dirección de científicos e incluir en él una representación de las ciencias sociales y de científicos procedentes de grupos de presión pero, para ser auténticamente omnicomprensivo, debería asimismo abordar las cuestiones éticas, las comerciales y otras.
Una de las fórmulas de llevar esto a cabo sería la de presentar sus informes preliminares, de acuerdo con las líneas aprobadas en la reunión de Edimburgo, en conferencias en las que una participación más amplia pudiera contribuir al debate.
No faltan quienes han aducido que un mecanismo de este tipo representaría un paso demasiado arriesgado, es decir, que eso reduciría la credibilidad de la valoración científica al contaminarla con otros temas. No estoy de acuerdo.
La evaluación científica debe tener, sin duda alguna, una carácter esencial en el trabajo del grupo de expertos, y debe ser sólida y rigurosa pero, de no ser así, salvo que se encuentre otra fórmula de insertarla en un contexto más amplio, el debate sobre la modificación genética no saldrá adelante.
Algunos críticos han manifestado que este grupo de expertos constituiría simplemente una duplicación de lo que ya se está haciendo. Existen, ciertamente, instancias reguladoras y comités a escala internacional que ya están manos a la obra, como, por ejemplo, la confusamente denominada Comisión del Codex Alimentarius, que publica directrices generales sobre alimentos novedosos.
Funciona bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Alimentación y la Agricultura (FAO). No obstante, un grupo internacional de expertos más bien contribuiría a esos esfuerzos antes que duplicar el trabajo de esos grupos.
La independencia será la clave para ganarse la fiabilidad y la confianza de la opinión pública. La mejor manera de garantizar dicha independencia pasaría por situar la secretaría del grupo en el seno de una organización, como las Naciones Unidas o la OCDE, que tenga talla internacional y de independencia.
Además, el grupo de expertos debería ser absolutamente transparente en sus deliberaciones. Será decisiva la elección de la presidencia adecuada. Calculo que los costes de funcionamiento del grupo de expertos no serán demasiado elevados: muy bien podrían cubrirse con los mecanismos ya existentes de financiación de iniciativas internacionales, con la condición de que no se impongan restricciones a su independencia.
Podrían pensar algunos que los alimentos y cultivos modificados genéticamente no tienen ningún futuro, por lo que resultaría innecesario el debate sobre su salubridad para el consumo humano y para el medio ambiente.
La conferencia de Edimburgo dejó claramente sentado que dicha opinión es errónea. Así como en el hemisferio norte podemos permitirnos seleccionar y escoger la forma en que se producen nuestros alimentos y, de momento, tenemos la posibilidad de prescindir de los modificados genéticamente, son muchas las personas -quizás más de mil millones en todo el mundo- que no se encuentran en la misma posición.
El mensaje abrumador que emitieron en Edimburgo los países en vías de desarrollo podría resumirse así: «Nos gustaría ser como ustedes, con grandes cantidades de alimentos para nuestros pueblos. Para conseguirlo, necesitamos cualquier medio que esté a nuestro alcance, incluso la biotecnología, que nos permitirá cultivar de todo sin los costosos productos químicos y sistemas de riego que no podemos pagar. No queremos seguir dependiendo de ayudas ni de medidas de redistribución; queremos ser dueños de nuestros destinos».
Ante esto, me da la impresión de que los llamamientos en favor de una moratoria a escala mundial carecen de toda credibilidad moral o práctica. Necesitamos investigar a fondo las implicaciones de las tecnologías de modificación genética en lugar de cerrarles la puerta. Un grupo independiente de científicos sería la instancia ideal para dirigir esta investigación y para distinguir entre los datos y la propaganda.
Jonh Krebs, director del Instituto de Normalización de la Alimentación (un organismo oficial británico) afirma que alimentos transgénicos pueden aportar numerosos beneficios a los países pobres y apuesta por la constitución de un grupo internacional de científicos que se encarge de asesorar sobre este tema a los políticos y a la opinión pública.