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La organización ecologista WWF/Adena denuncia que ocho países de la Unión Europea (UE) están ignorando las normas comunitarias que supeditan las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) -unos ocho billones de pesetas anuales- al cumplimiento de unas directrices ambientales básicas, denominadas "eco-condicionalidad". Así se puso de manifiesto durante el seminario sobre protección ambiental y política agraria comunitaria, organizado por WWF/Adena, el IEEP y la Comisión Europea, informa la organización ecologista.
En virtud de las reformas de la Agenda 2000 se introdujo la posibilidad legal de añadir una normativa ecológica por parte de la autoridades de cada país a las ayudas europeas de la PAC. Sin embargo, un estudio elaborado por el Instituto Europeo de Política Ambiental refleja que sólo siete países de la UE -Reino Unido, Francia, Holanda, Grecia, Dinamarca, Finlandia e Irlanda-, están aplicando estos estándares ambientales a su producción agrícola.
En el caso de España, se disponen de planes para introducir la eco-condicionalidad, "pero sus condiciones ambientales son muy débiles". El director de la Oficina de Política Europea de de WWF/Adena, Tony Long, señala que "estas directrices ambientales deberían utilizarse para conservar recursos tan escasos como el agua, eliminar plaguicidas y fertilizantes de ríos y lagos y evitar la erosión del suelo en áreas vulnerables".
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